La comunicación de las empresas en materia de gobierno, ambiental y social abre un nuevo capÃtulo en 2018 como consecuencia de los cambios legislativos dirigidos a que las compañÃas amplÃen la transparencia que ofrecen a los mercados y a sus grupos de interés. En esta ocasión, algunos de estos cambios normativos son de obligado cumplimiento en Europa, por lo que las sociedades españolas también tendrán que adaptar su información a los nuevos parámetros.
La principal novedad llegó con la entrada en vigor, en noviembre, del Real Decreto-Ley que traspone la Directiva europea de información no financiera y diversidad, que ha llevado a realizar cambios en el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de AuditorÃa. La norma pretende identificar riesgos para mejorar la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores, consumidores y la sociedad a través de la ampliación de información extrafinanciera por parte de las compañÃas, sobre todo, de factores ambientales y sociales, asà como de respeto a los derechos humanos y de lucha contra la corrupción.
En cumplimiento de esta Directiva las empresas que superen los 500 trabajadores (o durante dos ejercicios, tengan más de 250 empleados de media), su cifra de negocio anual sobrepase los 40 millones de euros o las partidas del activo estén por encima de los 20 millones de euros, asà como aquellas compañÃas cuya matriz tenga sede en un paÃs comunitario tendrán que elaborar un informe especial (separado o integrado en su memoria anual).
Fuente: Expansión
