Pintos & Salgado

Artículo escrito por Víctor Salgado (@abonauta)
Abogado-Socio del bufete Pintos & Salgado
www.pintos-salgado.com

A raíz de las recientes actuaciones del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, instando directamente a los titulares de páginas webs a adecuar su contenido a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), tras una inspección genérica de oficio de las mismas, es oportuno analizar cuál es el objeto de esta normativa y cuáles sus obligaciones de información básicas para la empresa.

La LSSI es una norma que se aplica a los llamados “servicios de sociedad de la información” los cuales vienen definidos en la Ley como “todo servicio prestado normalmente a título oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario”. Es cierto que esto nos dice poco, pero es interesante la precisión que se hace en el segundo párrafo de la propia definición al añadir que este concepto “comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios”.

En definitiva, ¿qué está cubierto por la Ley? Pues, en resumidas cuentas, la LSSI se aplicará a todo servicio prestado a través de Internet que, tenga o no un coste para el destinatario final, sí suponga una actividad económica para el prestador de los mismos. Por ejemplo, lo es una página web donde se vendan productos o servicios, como una tienda online, pero lo será también un periódico digital, que no cobra generalmente a los lectores pero que se nutre de la publicidad online, o una mera página web corporativa que, aunque no cobre por su acceso ni incluya publicidad, sí está promocionando la propia empresa titular y/o su actividad comercial. No lo será, por el contrario, un blog sin publicidad o una mera página web personal.

La propia Ley hace una enumeración abierta de los servicios que sí se considera que deben adaptarse a la Ley, siempre que representen una actividad económica. Son los siguientes:

1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.

2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.

3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.

4.º El envío de comunicaciones comerciales.

5.º El suministro de información por vía telemática.

Por contra, la propia LSSI enumera aquellos servicios que no entrarán en dicha definición y, por tanto, les será aplicable dicha Ley. Son los siguientes:

1.º Los servicios prestados por medio de telefonía vocal, fax o télex.

2.º El intercambio de información por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente para fines ajenos a la actividad económica de quienes lo utilizan.

3.º Los servicios de radiodifusión televisiva (incluidos los servicios de cuasivídeo a la carta), contemplados en el artículo 3.ª) de la Ley 25/1994, de 12 de julio, por la que se incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 89/552/CEE, del Consejo, de 3 de octubre, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva, o cualquier otra que la sustituya.

4.º Los servicios de radiodifusión sonora, y

5.º El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.

Una vez tenemos claro que nuestra página web corporativa debe cumplir lo dispuesto en la LSSI, queda preguntarse ¿Cuáles son las obligaciones básicas de información que dispone dicha ley?

Para empezar, debemos tener claro que la Ley nos reconoce libertad absoluta a la hora de establecernos en Internet y crear dicha web y, además, nos recuerda que, gracias a la libertad de circulación de productos en la Unión Europea y en el Espacio Económico Europeo, podemos vender nuestros productos o prestar nuestros servicios online sin cumplir más requisitos ni restricciones que lo dispuesto en la propia Ley española, que no es más que una mera transposición de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico). Eso sí, con algunas restricciones impuestas por la normativa específica aplicable a cada uno de los servicios o profesiones que queramos desarrollar, como en el caso de servicios legales o de juego online, para los que necesitaremos homologaciones u autorizaciones previas específicas.

En cuanto a la información que debemos facilitar, en todo caso, en nuestra página web, el artículo 10.1 de la LSSI es muy claro al respecto y enumera, obligatoriamente, los siguientes datos del titular de la actividad que, como mínimo y con independencia de lo regulado para actividades específicas, deben figurar bien visibles:

  1. a) Su nombre o denominación social; su residencia o domicilio o, en su defecto, la dirección de uno de sus establecimientos permanentes en España; su dirección de correo electrónico y cualquier otro dato que permita establecer con él una comunicación directa y efectiva.
  2. b) Los datos de su inscripción en el Registro Mercantil en el que, en su caso, se encuentren inscritos o de aquel otro registro público en el que lo estuvieran para la adquisición de personalidad jurídica o a los solos efectos de publicidad.
  3. c) En el caso de que su actividad estuviese sujeta a un régimen de autorización administrativa previa, los datos relativos a dicha autorización y los identificativos del órgano competente encargado de su supervisión.
  4. d) Si ejerce una profesión regulada deberá indicar:

1.º Los datos del Colegio profesional al que, en su caso, pertenezca y número de colegiado.

2.º El título académico oficial o profesional con el que cuente.

3.º El Estado de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo en el que se expidió dicho título y, en su caso, la correspondiente homologación o reconocimiento.

4.º Las normas profesionales aplicables al ejercicio de su profesión y los medios a través de los cuales se puedan conocer, incluidos los electrónicos.

  1. e) El número de identificación fiscal que le corresponda.
  2. f) Cuando el servicio de la sociedad de la información haga referencia a precios, se facilitará información clara y exacta sobre el precio del producto o servicio, indicando si incluye o no los impuestos aplicables y, en su caso, sobre los gastos de envío.
  3. g) Los códigos de conducta a los que, en su caso, esté adherido y la manera de consultarlos electrónicamente.

Asimismo, una reciente reforma del artículo 22.2 de la LSSI especificó una nueva obligación de información para aquellas páginas web que incluyeran las llamadas “cookies” o mecanismos de monitorización y almacenamiento de datos de los usuarios y visitantes. En este caso, en el que se encuentran la práctica totalidad de páginas de Internet, es necesario advertir expresamente del uso de dichas cookies en la página web de inicio, así como incluir toda la información detallada sobre los destinatarios y la finalidad de uso de los datos recabados por las mismas, además de requerir el consentimiento, directo o indirecto, del visitante para ello.

En el caso de que se realicen procesos de contratación en nuestra página web, tales como compras online, registros o suscripciones a boletines, es necesario incluir una información previa que, como mínimo y en base al artículo 27.1 de la LSSI, deberá ser la siguiente a incluir en las condiciones de uso del sitio:

  1. a) Los distintos trámites que deben seguirse para celebrar el contrato.
  2. b) Si el prestador va a archivar el documento electrónico en que se formalice el contrato y si éste va a ser accesible.
  3. c) Los medios técnicos que pone a su disposición para identificar y corregir errores en la introducción de los datos, y
  4. d) La lengua o lenguas en que podrá formalizarse el contrato.

Una vez formalizado el contrato con el famoso “He leído atentamente y acepto las condiciones de contratación y/o de uso”, el artículo 28 obliga también a dar la siguiente información después al cliente o usuario:

  1. a) El envío de un acuse de recibo por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente a la dirección que el aceptante haya señalado, en el plazo de las veinticuatro horas siguientes a la recepción de la aceptación, o
  2. b) La confirmación, por un medio equivalente al utilizado en el procedimiento de contratación, de la aceptación recibida, tan pronto como el aceptante haya completado dicho procedimiento, siempre que la confirmación pueda ser archivada por su destinatario.

Por supuesto, entre medias se debe facilitar el acceso al texto completo del contrato, con todas sus condiciones y cláusulas, además de facilitarlo en formato descargable al interesado.

Desde luego, la LSSI no es la única ley que debemos tener en cuenta para la correcta adaptación jurídica de nuestra página web y, como mínimo, recomendamos también tomar en consideración las siguientes:

  • La Ley de Consumidores y Usuarios, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. Esta norma impone importantes obligaciones de información como es el derecho de desistimiento de 14 días para compras a distancia (si no informamos del mismo, dicho plazo se ampliaría hasta un año) o la advertencia expresa de cobro anticipado del producto o servicio cuando se paga con tarjeta de crédito o de débito (algo que es muy habitual y no se suele hacer casi nunca).
  • Legislación de Protección de Datos: por Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y, a partir del 25 de mayo de 2018, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos – RGPD), obligatorios para todo recabo y/o tratamiento de datos personales y que requiere que se incluya información específica tanto en los formularios como en el famoso clausulado general denominado “Política de privacidad”, así como el oportuno recabo de consentimiento para ello, mediante casillas “check” no premarcadas, en su caso.
  • Ley de Propiedad Intelectual, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia. Dicha norma se aplica a la titularidad o “copyright” de todos los contenidos de la página web y que debemos tener en cuenta para redactar la más que recomendable Licencia de Uso del sitio web.

Como vemos, la información legal que debemos facilitar en nuestro sitio web corporativo es amplia y variada y se debe personalizar siempre a cada entidad, actividad y caso concreto.

El maravilloso invento tecnológico del “copiar – pegar” no es nada recomendable en este tipo de textos y clausulados informativos y, desgraciadamente, nos puede meter en más problemas de los que intentamos evitar.

¿Te gustó este artículo? Compártelo!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *