autónomos

En España hay más de tres millones de trabajadores autónomos, lo que no deja lugar a dudas sobre el peso específico de tales trabajadores en nuestra estructura económica y social.

Sin embargo, la normativa de la seguridad y salud en el trabajo presta una atención claramente residual a este colectivo. La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales considera principalmente al trabajador autónomo desde la perspectiva de la coordinación preventiva en el caso de actividades concurrentes, siendo éste, además, un ámbito con múltiples puntos críticos, en los que se entremezclan consideraciones desde el punto de vista de las políticas de tutela de salud y de apoyo a la iniciativa económica por cuenta propia.

El estado normativo se caracteriza, además, por una cierta ambivalencia desde que el Estatuto del trabajo autónomo (Ley 20/2007, de 11 de julio) recogiese el derecho básico del trabajador autónomo a la protección adecuada de su seguridad y salud, si bien la concreción del tal derecho ha quedado limitada a unos mandatos dirigidos a las Administraciones Públicas y al reconocimiento de unos derechos y obligaciones característicos de la normativa preventiva, pero únicamente aplicables en determinadas circunstancias muy específicas. Esta ambivalencia es producto con toda seguridad de la heterogeneidad de elementos a considerar a la hora de diseñar una tutela pública de la seguridad y salud de los profesionales que desempeñan una actividad por cuenta propia, lo que invita de forma clara a reflexionar sobre las perspectivas de futuro en esta materia, teniendo siempre presente el polimorfismo del trabajador autónomo en relación a los riesgos para la salud derivados de su actividad profesional: desde el trabajador autónomo cuya actividad sólo suele generar riesgos para su propia persona, hasta el trabajador autónomo que emplea trabajadores por cuenta ajena y que, por tanto, debe asumir plenamente las vigentes obligaciones empresariales en materia de prevención de riesgos laborales.

También merecen ser objeto de consideración otras medidas normativas más recientes, tales como las incluidas en la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, particularmente en cuanto a  la posibilidad de que un trabajador autónomo económicamente dependiente pueda contratar a trabajadores por cuenta ajena. Y es que ésta y otras medidas de impulso al trabajo autónomo, tales como la denominada tarifa plana en la cotización, amén de poder suponer un incremento de la cifra total de trabajadores autónomos, pueden dar lugar un nuevo escenario económico y social que conviene tener en cuenta la hora de reflexionar sobre el presente y futuro de la prevención de riesgos de este colectivo.

A todo lo anterior se le suman otros diversos elementos que introducen complejidad y riqueza al debate en esta materia. En este sentido, cabe citar, sin ánimo de exhaustividad, la particular regulación de los riesgos profesionales de los trabajadores autónomos por la normativa de Seguridad Social, en cuyos análisis y valoraciones están también muy presentes cuestiones de política social y económica de diverso índole, así como otras cuestiones que merecen una atención específica desde el punto técnico-preventivo, tales como la mayor incidencia de ciertos tipos de accidentes entre los trabajadores autónomos –vgr. accidentes de tráfico-, la presencia de un mayor número de trabajadores autónomos  en sectores expuestos a riesgos muy específicos o la especialidad de los riesgos que afectan a determinados colectivos de trabajadores autónomos, particularmente mujeres y extranjeros.

Más información

¿Te gustó este artículo? Compártelo!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *